El 8 de mayo de 1987 fue la “Masacre de Ingeniero Budge”, en la que tres jóvenes, Agustín Olivera de 20 años, Oscar Aredes de 19 y Roberto Argañaraz de 24, fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense en una esquina de esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Este hecho causó tal conmoción que la ejecución de los tres amigos popularizó la expresión “GATILLO FÁCIL”, para identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de seguridad .Estos y otros hechos de violencia ejercidos desde el poder motivaron que el Congreso de la Nación sancionara en enero de 2013 la Ley 26.811, que instituye el 8 de mayo como “Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional”. La violencia policial es una de las formas de nombrar a la violencia institucional.  No son hechos aislados, no son errores ni excesos de las policías. Son prácticas que se repiten y terminan siendo parte del quehacer informal de la institución.

Esta misma ley, pide la inclusión de esta fecha en el calendario escolar, con jornadas alusivas al día, "que consoliden la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad." 

Esta es una fecha bastante nueva de nuestro calendario, sin embargo, como colectivo sensible a nuestra realidad social, y con la madurez de nuestra democracia, estamos en condiciones de decir que la categoría "violencia institucional", es más abarcativa que la referida a las fuerzas de seguridad. Es una categoría que podría representar a toda las instituciones que no siendo del Estado, vulneran derechos de distintos sectores de la sociedad, en parte o en su conjunto, con la complacencia del estado, su silencio, o ausencia por falta de políticas públicas específicas, o el no cumplimiento de las existentes.

Esta es una doble violencia, la de la institución de contacto, y la del estado cómplice.

Acaso, ¿No es violencia institucional, la que se da en una institución educativa que paga en "negro"?, esto es una práctica que no responde a la debida responsabilidad social que deben  tener las instituciones educativas. Con esta  práctica se  atropella todo derecho al trabajo digno. También nos preguntamos si no es violencia institucional, aquella que se da cuando se agrede a los trabajadores verbalmente, se les quitan tareas, se los desplaza  arbitrariamente y  se los amenaza, casi generando una "encerrona", porque el trabajador necesita de su trabajo para vivir. ¿No es violencia institucional cuando se prohíbe a los docentes ejercer su derecho a la libertad de cátedra y dar sus clases con libertad de conciencia , limitándoles contenidos arbitrariamente, dañando su más profunda vocación de educar a las futuras generaciones en la Verdad?. Nos seguimos preguntando si no constituye  violencia  institucional, cuando se ve como se usa el derecho de admisión para discriminar la entrada de nuestros niños y jóvenes  a las instituciones.

Más allá del hito que generó esta triste efemérides, honrémoslo con su ampliación a toda aquella violencia que saliendo de una institución vulnera derechos de quienes la circulan, la usan o constituyen. Porque debemos ser conscientes de la relación de doble sentido que se da entre toda institución y una sociedad, donde se nutren mutuamente, y en tanto una institución es portadora de un modo de ordenar lo social, a nivel micro, y este modelo se irradia hacia la sociedad global, y viceversa, la sociedad nutre en sus modos a las instituciones.

Por eso es un impostergable desafío, trabajar para que las instituciones se democraticen, sean más justas, participativas y solidarias, porque de ese modo nuestra sociedad  de un modo capilar se irá nutriendo de estos valores. Instituciones más democráticas, sociedad más democrática y viceversa.

Que esta fecha nos ayude a tomar conciencia que solo desde nuestro lugar personal, y sobre todo como colectivo, podremos con nuestro compromiso ir hacia una sociedad más justa, humana, libre.

Pedimos al estado un actuar con eficacia en la restitución, prevención y promoción de derechos y la implementación de políticas públicas integrales e inclusivas.

Por nuestra parte, como organización gremial representativa de un importante colectivo no dejaremos de denunciar situaciones individuales, organizacionales y gubernamentales que opriman a nuestros docentes. En ese sentido, todos tenemos distintos grados de responsabilidad para asegurar un espacio de trabajo libre de Violencia institucional y laboral. 

Secretaría de DDHH SADOP CABA